La huelga encubierta de los controladores que paralizó el espacio aéreo español durante el puente de la Constitución va a traer grandes consecuencias económicas y judiciales.
El puente de la Constitución de 2010 va a ser recordado por los muchos españoles que vivieron la amarga circunstancia de ver como sus vacaciones se iban al garete por una huelga encubierta de controladores. Entre el viernes y el sábado, el espacio aéreo se mantuvo cerrado unas 20 horas, centenares de vuelos se cancelaron y alrededor de 600.000 pasajeros se quedaron en tierra.
A un día de finalizar el puente de la Constitución ya se han empezado a calcular las cuantiosas pérdidas económicas. Aunque el servicio aéreo se restableció y los controladores ocuparon sus puestos de trabajo tras declarar el Gobierno el Estado de alarma, ha comenzado una dura batalla por buscar culpables que ha desembocado en un aluvión de pleitos por las millonarias indemnizaciones. AENA y el colectivo de controladores están en el ojo del huracán.
Por un lado, el sector turístico, hotelero y aéreo ya han hechos sus cálculos. La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) ha presentado una demanda contra el colectivo de controladores aéreos y AENA por la pérdida de unos 350 millones de euros, un dato que todavía es provisional, y al que hay que sumar el daño hotelero calculado en unos 100 millones de euros y el de las aerolíneas que ronda los 50 millones de euros.
Un total de 500 millones de euros de pérdidas para el sector que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiso desdramatizar alegando que el caos aéreo español “es significativamente menor” al generado este mismo año por la nube de cenizas de un volcán en Islandia. Sebastián cree que es “prematuro y precipitado” dar cifras de las pérdidas para el sector turístico, aunque apunta a la baja.
Al otro lado de los perjudicados, se encuentran los pasajeros. Más de 5.000 afectados ya se han puesto en contacto con el bufete Cremades&Calvo Sotelo que anunció una demanda colectiva para pedir una indemnización de 10.000 euros por afectado. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y el sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado una querella contra los controladores en un juzgado ordinario.
Pero estas no serán las únicas demandas y responsabilidades que se exigirán. El Gobierno también actuará contra los controladores, muchos de los cuales podrían no solo perder su puesto de trabajo sino tener que responder con su patrimonio. Lo único claro en esta historia, es que una vez que se ponga fin al puente y se haga un balance exacto de las pérdidas, la batalla por castigar a los culpables y recuperar el dinero perdido continuará.
A un día de finalizar el puente de la Constitución ya se han empezado a calcular las cuantiosas pérdidas económicas. Aunque el servicio aéreo se restableció y los controladores ocuparon sus puestos de trabajo tras declarar el Gobierno el Estado de alarma, ha comenzado una dura batalla por buscar culpables que ha desembocado en un aluvión de pleitos por las millonarias indemnizaciones. AENA y el colectivo de controladores están en el ojo del huracán.
Por un lado, el sector turístico, hotelero y aéreo ya han hechos sus cálculos. La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) ha presentado una demanda contra el colectivo de controladores aéreos y AENA por la pérdida de unos 350 millones de euros, un dato que todavía es provisional, y al que hay que sumar el daño hotelero calculado en unos 100 millones de euros y el de las aerolíneas que ronda los 50 millones de euros.
Un total de 500 millones de euros de pérdidas para el sector que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiso desdramatizar alegando que el caos aéreo español “es significativamente menor” al generado este mismo año por la nube de cenizas de un volcán en Islandia. Sebastián cree que es “prematuro y precipitado” dar cifras de las pérdidas para el sector turístico, aunque apunta a la baja.
Al otro lado de los perjudicados, se encuentran los pasajeros. Más de 5.000 afectados ya se han puesto en contacto con el bufete Cremades&Calvo Sotelo que anunció una demanda colectiva para pedir una indemnización de 10.000 euros por afectado. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y el sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado una querella contra los controladores en un juzgado ordinario.
Pero estas no serán las únicas demandas y responsabilidades que se exigirán. El Gobierno también actuará contra los controladores, muchos de los cuales podrían no solo perder su puesto de trabajo sino tener que responder con su patrimonio. Lo único claro en esta historia, es que una vez que se ponga fin al puente y se haga un balance exacto de las pérdidas, la batalla por castigar a los culpables y recuperar el dinero perdido continuará.
Yo estube en el aeropuerto de Barcelona y no pude irme. Ahora, he perdido más de cien euros y no he podido visitar a una amiga con la que hace tiempo que no hablo ni veo. Vamos a ver, es que no tienen ellos un sueldo superior? Es que los médicos no trabajan en festivos también? Las cosas no se arreglan así.
ResponderEliminarS.